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Las objeciones a libros en los últimos dos años han alcanzado un pico sin precedentes. Organizaciones creen que se debe al crecimiento de una fuerza conservadora impulsada por la mano de políticos, que a través de leyes buscan prohibir el debate de la historia del racismo en EEUU y los derechos de la comunidad LGBTQ y otras minorías. Alertan que esto pone en jaque la educación de los estadounidenses y ataca su derecho de a la información 5k132t
El contenido más restringido en los libros d3h4d
Empezaron oponiéndose a lo que consideran como “mandatos tiránicos” durante la pandemia de covid-19, como el uso obligatorio de mascarillas. Luego, con el apoyo de políticos republicanos influyentes, como el gobernador Ron DeSantis, fueron capitalizando el enojo y la frustración de los padres por la presencia en escuelas de libros que consideraban inapropiados o adoctrinantes.
Cuando arrancaron, dice la organización fundada por dos exintegrantes de juntas escolares, tenían dos capítulos en Florida. En seis meses eran más de 15,000 en 18 estados. Dos años después de sus inicios, explican en un correo enviado a Univision Noticias, tienen casi 200,000 activos en 45 estados que buscan hacer cambios no solo a nivel de distritos escolares sino también en las legislaturas estatales. Dicen que son “padres, madres, abuelos, tíos defendiendo la inocencia e integridad de nuestros menores”.
En el año escolar 2021-2022, PEN contabilizó al menos 2,532 instancias en las que 1,648 títulos únicos fueron prohibidos. En casi la totalidad de los casos (96%) tampoco se siguieron los lineamientos recomendados para pedir la revisión de un libro.
Los reclamos se han esparcido al menos a 138 distritos escolares en más de la mitad de los estados del país: son más de 5,000 escuelas cuyos estudiantes perdieron el a miles de libros.
Aunque la proporción de distritos en los que se han documentado vetos en el país es mínima (menos del 1%), Nadine Farid Johnson considera que la naturaleza del movimiento actual, con “esfuerzos generalizados para retar y prohibir libros”, hace que las consecuencias sean peores a las que se vieron en periodos anteriores: “Deben preocuparnos a todos”.
“Esta censura no se restringe a unos pocos distritos en una región geográfica concentrada. Más de la mitad de los estados de Estados Unidos están afectados”, señala.
“Para los cuatro millones de estudiantes a quienes se les despoja del derecho a acceder a estos libros; para sus maestros y bibliotecarios, que se esfuerzan por educar a los niños bajo su cuidado mientras navegan por órdenes nuevas y confusas; y para los más de 1,500 autores, ilustradores y traductores cuyo trabajo se ve afectado por estas prohibiciones, el problema es muy real”.
PEN America define el veto a libros como la pérdida parcial o total de a un texto que había estado disponible en una escuela o en su biblioteca tras ser aprobado por un especialista. Puede ocurrir porque haya sido prohibido para ciertos grados o porque haya sido retirado temporalmente mientras se reevalúa su contenido. Casi la mitad de los libros que PEN America consideró como vetados en el año escolar 2021-2022, estaban dirigidos a jóvenes entre 12 y 18 años, lo que se considera literatura para adultos jóvenes.
¿Dónde han vetado más libros? 384f58
Out of Darkness fue cuestionada por primera vez en 2021 en Leander, un suburbio de Austin, Texas, seis años después de su publicación, cuenta a Univision Noticias su autora, Ashley Hope Pérez. El distrito escolar había creado “clubes de lectura opcionales” para que los estudiantes de preparatoria tuvieran a una gama más diversa de libros. Y aunque no era obligatorio leerlos, hubo padres que se quejaron de los títulos elegidos.
Consideraron que algunos eran “inapropiados”, recabaron firmas y en una reunión escolar, una madre sacó incluso un consolador rosado para referirse a una de las obras cuestionadas. El distrito suspendió los clubes de lectura mientras una comisión revisaba 140 obras incluidas en la iniciativa de diversidad. Meses después, la novela juvenil Out of Darkness, sobre la historia de un amor interracial en los años 30, fue excluida definitivamente junto a otros 10 libros.
Lo que arrancó con quejas en Leander en el inicio del año académico 2020, en plena pandemia, terminó convirtiendo a la junta escolar en un campo de batalla cultural. Para Pérez y organizaciones en contra de la censura, “estableció un marco o patrón” que luego detectaron en otras partes de Texas y del país.
Peréz subraya que esa no fue sólo la primera vez que Out of Darkness estuvo en la mira, sino que lo estaba como parte de una lista de libros que luego serían desafiados una y otra vez en masa, en distintos distritos.
En septiembre de 2021, la novela de Pérez –que escribió pensando en que sus estudiantes latinos de preparatoria pudieran verse reflejados– estuvo en el centro de un nuevo video viral: una madre enfurecida leyó unas líneas de Out of Darkness y exigió que sacaran el libro de las escuelas intermedias de Lake Travis, otro suburbio de Austin.
“Nunca he tenido sexo anal. No quiero tener sexo anal. No quiero que mis hijos tengan sexo anal. Quiero que se empiecen a enfocar en la educación y no en la salud pública”, le gritó a la junta escolar, que había estado discutiendo el uso de las mascarillas. El distrito retiró de inmediato el libro de las escuelas intermedias, a pesar de que su política indicaba que no debían removerlo hasta realizar un proceso formal de reconsideración.
Pérez ha explicado que esas líneas de su novela, sacadas de contexto en la junta, buscaban denunciar la “cosificación sexual” y “racialización” de la protagonista, la única estudiante mexicoestadounidense de la trama. “Hay muchos mensajes en este libro. Es una parte de un todo”, enfatiza, al tiempo que aclara que en la novela no hay una descripción de sexo anal.
“La forma en que los educadores o bibliotecarios evaluamos los materiales no se basa en qué tan intensa o perturbadora es una escena individual, porque la literatura, desde la Biblia hasta Shakespeare, Faulkner y el presente, trata precisamente esas realidades humanas muy dolorosas”, dice a Univision Noticias. “Es más bien, ¿cómo encaja esto en el contexto del libro como un todo? ¿Es valiosa esta obra?”.
En el año escolar 2021-2022, Out of Darkness terminó como el tercer libro más vetado en las escuelas del país, de acuerdo con PEN America. Lideraron la lista Gender Queer y All Boys Aren’t Blue.
Las elecciones de mitad de periodo de 2022 intensificaron la batalla para restringir materiales en las escuelas. Contiendas locales que en el pasado no generaban mayor atención, obtuvieron respaldo de políticos estatales y fondos de grupos conservadores que se presentaron como defensores de derechos parentales.
En Florida, donde las elecciones a las juntas escolares son apartidistas, cerca de 30 aspirantes respaldados por DeSantis salieron triunfantes, reportó el USA Today al describir la intervención del gobernador republicano como algo “sin precedentes”.
Moms for Liberty apoyó a cientos de candidatos en el país. En Sarasota resultó victoriosa una de sus integrantes, Bridget Ziegler, la esposa del presidente de los republicanos en Florida, Christian Ziegler. Tras la victoria, tanto en Sarasota como en el condado Brevard, las nuevas juntas, de mayoría conservadora, propiciaron la sustitución de los superintendentes. Ahora, la organización busca ganar 500 puestos más en juntas escolares del país, dijo Tina Descovich, una de sus fundadoras.
Para febrero, DeSantis anunció que 14 integrantes de juntas escolares estaban en la mira por no proteger los derechos parentales ni luchar contra las ideologías “woke”, un término sin clara definición en el que se han incluido iniciativas de diversidad, materiales de apoyo para estudiantes LGBTQ o lecciones sobre racismo institucional. El gobernador conformó esa lista de contrincantes durante una reunión con el presidente de la Cámara Baja del estado, Paul Renner; Christian Ziegler y las fundadores de Moms for Liberty, Descovich y Tiffany Justice, detalló el Sarasota Herald-Tribune.
Bajo esa presión, otras juntas en Florida y en más estados han ido modificando sus políticas, alejándose de los lineamientos recomendados por la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos.
En Texas, por ejemplo, tras la victoria de candidatos auspiciados por la empresa telefónica conservadora cristiana Patriot Mobile, el distrito escolar independiente de Keller removió libros que ya habían pasado un proceso de reconsideración y modificó sus políticas para vetar aquellos que traten el tema de "fluidez de género".
“Si no acudes a tus reuniones regularmente, pierdes la oportunidad de opinar sobre esos cambios”, señaló Tasslyn Magnusson, quien lleva una base de datos de libros objetados para las organizaciones EveryLibrary Institute y PEN America. “Están reescribiendo sus políticas para quitarle a las bibliotecas y los especialistas en currículum la autoridad de adquirir, aprobar y pedir libros, y entregársela a los es, integrantes de la junta o comités de padres”.
En el campo conservador, Florida es considerado un modelo a seguir no solo por los cambios en las juntas escolares. También por las leyes que sus políticos han aprobado y que sindicatos de maestros y organizaciones, como Florida Freedom to Read Project, han catalogado como intencionalmente confusas y vagas, y como textos que abren la puerta a decisiones arbitrarias.
Entre ellas, la ley Detengan el Daño a Nuestros Niños y Empleados (WOKE, por sus siglas en inglés), que limita la discusión en las escuelas de temas relacionados con raza y género; la ley Derechos de los Padres en la Educación, etiquetada por sus críticos como “Don’t Say Gay” y que en abril de 2023 fue ampliada a todos los grados por la Junta de Educación de Florida; y la HB1467, que introduce nuevos requisitos para la selección de materiales escolares.
En marzo, el sindicato de maestros Florida Educators Association junto con las organizaciones Florida Freedom to Read Project y Families for Strong Public Schools introdujeron una querella istrativa en contra de los manuales desarrollados por el Departamento de Educación de Florida. Alegan que van más allá de lo permitido por la ley HB1467 al incluir a las bibliotecas de los salones de clase en el material que debe ser revisado. Los querellantes denuncian que DeSantis tiene una “agenda de censura”.
El gobernador insiste en que en Florida no hay una prohibición de libros, sino una “farsa montada por los principales medios de comunicación, sindicatos y activistas de izquierda”, mientras “intentan usar nuestras escuelas para adoctrinar”.
Entre tanto, la Legislatura estatal, con una supermayoría republicana, avanza en la redacción y debate de proyectos de ley que buscan expandir el trío de leyes aprobadas el año pasado.
Más allá de Texas y Florida, PEN America registra actualmente cerca de 100 proyectos de ley que buscan limitar o avanzar en las restricciones sobre lo que se puede discutir sobre raza, sexo o género en los salones de clases. Estados como Missouri son un ejemplo y el impacto de estas iniciativas ha puesto en alerta a organizaciones que abogan por el a la literatura.
Para el año escolar 2021-2022, Missouri era el noveno estado con más vetos, según PEN America: registraba unos 27 en ocho distritos.
La situación escaló rápidamente cuando en agosto de 2022 entró en vigencia la ley SB 775, que prohibió desde entonces a maestros y personas vinculadas con las escuelas —incluyendo a bibliotecarios, ponentes invitados a una clase y hasta a coaches y consejeros— la divulgación de “material sexual explícito” de carácter visual. Hacerlo, comenzó a ser considerado como un delito menor, con penas de prisión y multas.
A pesar de que la ley contempla excepciones para obras consideradas artísticas o con valor educativo, tres meses después de que entró en marcha, cerca de 300 títulos habían sido removidos de librerías escolares y salones, según una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de dos asociaciones de bibliotecarios de Missouri.
ACLU argumentó en su querella que la ley es “inconstitucionalmente vaga” y se presta a “interpretaciones arbitrarias”; creen que viola el derecho a acceder libremente a la información y a las ideas; que pone en entredicho la capacidad de los bibliotecarios y especialistas en la selección de los materiales escolares y los lleva a la autocensura.
“Este estatuto ha creado un efecto paralizante en el desarrollo de la colección de bibliotecas escolares, lo que ha resultado en menos libros representativos debido al temor a la apertura de un proceso criminal”, señaló en un comunicado la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Missouri, Melissa Corey.
"La ley representa un peligro en particular para los bibliotecarios escolares (…) Han sido socavados políticamente en este estado durante mucho tiempo, y el temor a ser imputados es un problema constante para mantener profesionales calificados en Missouri, así como para atraer a nuevas personas a la profesión”, advirtió asimismo Joe Kohlburn, del Comité de Libertad Intelectual de la Asociación de Bibliotecas de Missouri.
De los casi 300 libros removidos, 220 estaban en un mismo distrito: Wentzville, una ciudad a una hora al oeste de la capital, St. Louis.
“Una prohibición de libros tan excesiva hará más daño que bien”, reclamaron en una carta conjunta más de 20 autores, ilustradores y organizaciones como PEN America. Criticaron que retirar libros niega oportunidades a los estudiantes para verse reflejados en la literatura y para que puedan empatizar con otras experiencias.
Un mes después, la presión generó que Wentzville devolviera a la estantería escolar 200 libros: unos 17 quedaron en la lista de prohibidos.
En la sesión legislativa de 2023 se introdujeron en Missouri una decena de proyectos de ley que buscan regular lo que se discute en los salones de clases. Uno de ellos, similar a la ley “Don’t Say Gay” de Florida, prohibiría lecciones sobre temas LGBTQ en cualquier grado.
En dos años escolares, Missouri pasó de ser el noveno estado con más restricciones a libros a estar entre los primeros cinco, junto a Texas, Florida, Pennsylvania y Tennessee.
Jen Cousins, la activista, cuenta que el efecto de estas leyes y lineamientos es real en las escuelas. “Todo el mundo está aterrorizado”, dice. Sabe de maestros que han clausurado o vaciado su estantería en el aula hasta que haya una revisión; de otros que las han donado a organizaciones; y de varios más —entre ellos profesores de sus hijos— que han renunciado.
Reagan Miller, otra de las cofundadoras de Florida Freedom to Read Project, asegura que en la escuela de su hija de 13 años, ha habido situaciones en las que la profesora se ha censurado. Le contó que en una ocasión se negó a explicarles qué era un linchamiento durante la época de la segregación racial por temor a no estar autorizada para hablar del tema.
"Me preocupa el camino al que nos dirigimos”, dice Miller.
En su comunicado a Univision Noticias, Moms For Liberty asegura que los padres que dicen que ellas limitan sus derechos al pedir la revisión de libros, “desafortunadamente (...) han sido manipulados y desinformados por las redes sociales, algunos medios de comunicación o no conocen el verdadero propósito de nuestra organización”.
PEN America cataloga lo que cuentan Cousins y Miller como parte de un “efecto amedrentador” (chilling effect) que ha ido generando una autocensura en las aulas.
En Florida, donde residen Cousins y Miller, la Florida Educators Association, el mayor sindicato de empleados de ese ramo en el sureste del país, estimó que para agosto de 2022 se registraba un déficit de 10,771 empleados entre maestros y personal de apoyo en las escuelas. Aseguran que el número continuará creciendo. Entre las razones que explican la escasez de personal no solo están que el estado tiene uno de los peores salarios del país. También cuenta, aseguran, el acoso de los políticos a los profesionales.
El ‘chilling effect’ no se siente sólo en las escuelas. También afecta a los autores.
Ashley Hope Pérez lo ha sentido. Parte de su trabajo era visitar escuelas para hablar de su libro. De ahí también provenían sus ingresos: “Eso se acabó (...) Es devastador para los escritores que trabajamos para los jóvenes, que nos preocupamos por ellos”. Después del claustro que llegó con la pandemia y se concretó tras el veto a su libro, se reúne con clubes de lectura a través de la ventana de un Zoom
“El ‘chilling effect’ se siente en todos los niveles. Lo sienten los bibliotecarios y maestros cuando no pueden hablar de algo o cuando deben decidir qué libros presentar a los estudiantes como una opción de lectura. También lo sentimos los autores. No importa lo mucho que trates de que esto no te afecte. Es muy difícil que te llamen pedófilo, groomer (corruptor de menores), cualquier cantidad de nombres mientras tú estás preocupándote por escribir historias importantes para los jóvenes”, analiza Pérez, quien dio clases por tres años en una preparatoria en Houston.
La profesora de literatura en la Universidad de Ohio asegura que además de esos, hay efectos que no se ven ni se pueden rastrear. Como cuando un libro se saca de las bibliotecas sin debate y se guarda en un depósito, o cuando un bibliotecario decide no comprar un libro “por precaución”. Tampoco se pueden medir, asegura, las veces que un autor decide no escribir sobre un tema o cuando queda sin opciones cuando las editoriales prefieren no comprar una idea. “El ‘chilling effect’ es generalizado”.
Lamenta que el futuro de los escritores más jóvenes se esté forjando “bajo este ambiente de rechazo tan tóxico”.
“Mi mayor mensaje para las personas que quieren prohibir los libros, es que quitar textos sobre realidades dolorosas no protege ni ayuda a los jóvenes. Simplemente les quita la oportunidad de hablar sobre lo que está sucediendo”, dice a Univision Noticias. “Es peligroso porque envía un mensaje de exclusión, de que algunos estudiantes y algunas experiencias no son importantes para la comunidad ni para los líderes de la escuela”.
Pérez cuenta que entre autores se apoyan. Han decidido crear espacios, como webinars, para escuchar de los estudiantes de secundaria qué pasa en sus distritos y así poder informarles sobre su libertad de expresión, sus derechos y cuáles son las acciones que pueden tomar cuando ven a organizaciones conservadoras objetar un libro.
Para la autora, cuando los jóvenes tienen la información completa pueden ser más creativos en buscar soluciones, como cuando supo de estudiantes que convirtieron sus lockers en pequeñas librerías con libros vetados.
En Florida, Jen Cousins no solo enfrenta el veto a libros como activista sino como la madre de cuatro niños, entre ellos, une de 13, que se define como persona no binaria, y otro que recientemente le confesó que era gay.
Ella asegura que son felices en el condado Orange. Los efectos colaterales de su lucha contra el veto a libros no han generado agresiones contra los de su familia. Viven en una casa que aman, con una comunidad que los respeta y a la que consideran como una “familia extendida”.
Aún así, con el ritmo de leyes anti LGBTQ avaladas por el gobernador y los legisladores del estado, no siente que su familia está segura en Florida. Además, está convencida de que las restricciones a libros seguirán con más fuerza.
Por ahora, considera que la mayor fortaleza de su organización es crear conciencia en las juntas escolares, en legisladores, en padres como ellos.
En los últimos dos meses, cuenta, por las leyes, por el veto a libros, por el discurso político, ha sabido de al menos cinco familias que se han mudado del estado. Ellos podrían ser los siguientes: “Todos los días hablamos de mudarnos”.
—¿Qué le diría a los políticos que apoyan las objeciones a libros?
—Les pediría que se detuvieran a pensar en el daño que están haciendo. Los niños están siendo perjudicados por todo esto. Deben saber que cuando los niños comienzan a sentirse inseguros para ir a la escuela debido a su legislación, eso es un problema. Deben dejar de ser tan intolerantes. Estas son vidas humanas reales.