Corte Suprema permite a DOGE acceder a datos sensibles de los millones de beneficiarios del Seguro Social
La Corte Suprema concedió este viernes una victoria al gobierno de Donald Trump al permitir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceda a los sistemas de la Seguridad Social que contienen datos personales de millones de estadounidenses.
La mayoría conservadora del alto tribunal se puso del lado del Ejecutivo y levantó la orden anterior de una jueza federal que restringió el de DOGE, hasta hace poco liderado por el millonario Elon Musk, al considerar que no respetaba las leyes federales de privacidad. Los tres jueces liberales de la Corte Suprema discreparon.
“Concluimos que, en las circunstancias actuales, la istración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) puede otorgar a los del Equipo DOGE a los registros de la agencia en cuestión para que puedan realizar su trabajo”, concluyó la corte en una orden sin firmar.
Jueces conservadores de tribunales inferiores declararon anteriormente que, hasta el momento, no existen pruebas de que DOGE haya manejado indebidamente información personal.
El Seguro Social almacena datos confidenciales de casi todos los habitantes del país, incluyendo expedientes académicos, detalles salariales e información médica.
¿Por qué la Corte Suprema permitió el de DOGE a los datos del Seguro Social, y qué dijeron otros jueces anteriormente?
Ketanji Brown Jackson, jueza liberal de la Corte Suprema, aseguró que la decisión del tribunal crea “graves riesgos para la privacidad” de millones de estadounidenses al otorgar “ ilimitado a los datos de DOGE, a pesar de no haber demostrado necesidad ni interés en cumplir con las garantías de privacidad existentes, y todo ello antes de que sepamos con certeza si la ley federal contempla dicho ”.
El gobierno de Trump asegura que DOGE necesita el a los datos del Seguro Social para llevar a cabo su objetivo de combatir el despilfarro en el gobierno federal.
Antes de dejar su cargo, Musk se había centrado en el Seguro Social como un supuesto foco de fraude. El magnate lo describió como un "esquema Ponzi" e insistió en que reducir el derroche en el programa sería una forma importante de recortar el gasto público.
Sin embargo, la jueza federal de distrito Ellen Hollander, en Maryland, determinó en marzo que la intención de DOGE equivalía más bien a una "expedición de pesca" basada en "poco más que una sospecha" de fraude, y que permitir el sin restricciones al sistema pondría además en riesgo la información privada de los estadounidenses.
Tras su fallo, se permitió el a datos anónimos a personal de DOGE que había recibido capacitación y verificación de antecedentes, o un más amplio para quienes detallaran una necesidad específica de su búsqueda.
El gobierno de Trump ha alegado que DOGE no puede trabajar eficazmente con esas restricciones.
El Procurador General D. John Sauer argumentó que aquel el fallo de Hollander era un ejemplo de cómo los jueces federales se extralimitan en su autoridad e intentan microgestionar las agencias gubernamentales.
Una corte de apelaciones se negó previamente a levantar de inmediato el bloqueo al a DOGE, aunque se dividió en líneas ideológicas. Jueces conservadores, en minoría en dicho tribunal, afirmaron que no hay pruebas de que el equipo haya realizado "espionaje selectivo" ni haya expuesto información personal.
La demanda fue presentada originalmente por un grupo de sindicatos y jubilados, representados por Democracy Forward. Es una de las más de dos docenas de demandas interpuestas contra la labor de DOGE, que ha llevado a cabo profundos recortes en agencias federales y despidos masivos.
Corte Suprema bloquea temporalmente la orden judicial sobre la transparencia de operaciones de DOGE
En otro fallo judicial sobre DOGE hecho público también este viernes por la Corte Suprema, los jueces prorrogaron la suspensión temporal vigente sobre una orden emitida por un juez el mes pasado que obligaba al equipo de DOGE a divulgar públicamente información sobre sus operaciones.
Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), un grupo de vigilancia de la labor gubernamental que actúa como demandante en este caso, argumenta que DOGE es en la práctica una agencia federal y debe estar sujeta a la Ley de Libertad de Información.
Sin embargo, el gobierno considera que este departamento es simplemente un órgano asesor presidencial destinado a recortar gastos gubernamentales, lo que lo eximiría de las solicitudes de documentos bajo la citada ley.
Los jueces no se pronunciaron sobre este punto el viernes, pero la mayoría conservadora sostuvo que el juez federal de distrito Christopher Cooper dictó una sentencia demasiado amplia al ordenar a DOGE la entrega de documentos a CREW.
Estas dos victorias judiciales de DOGE se producen en medio de la complicada ruptura de la relación entre Trump y Musk, que este jueves incluyó amenazas de recortar contratos gubernamentales y un llamado a un juicio político contra el presidente a través de mensajes públicos en redes sociales.
El futuro del trabajo de DOGE no está claro sin Musk al mando, pero tanto él como Trump han declarado que el departamento seguirá trabajando.
