Lee aquí el texto completo del memo republicano sobre el FBI que Trump afirma que lo "reivindica" (en español)
LA CASA BLANCA
WASHINGTON
2 de febrero de 2018
Honorable Devin Nunes
Presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos Washington, DC 20515
Estimado Sr. Presidente:
El 29 de enero de 2018, el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes (HPSCI) (en lo adelante, "el Comité") votó a favor de divulgar públicamente un memorándum que contenía información clasificada proporcionada al Comité en relación con sus actividades de supervisión (el "Memorándum" adjunto a esta carta). Según lo dispuesto en la cláusula 11(g) de la Regulación X de la Cámara de Representantes, el Comité ha enviado este Memorándum al Presidente sobre la base de su determinación de que la publicación del Memorándum sería de interés público.
La Constitución le otorga al Presidente la autoridad para proteger de la divulgación los secretos de seguridad nacional. Como ha reconocido el Tribunal Supremo, es la responsabilidad del Presidente clasificar, desclasificar y controlar el a la información teniendo en nuestras fuentes de inteligencia y los métodos y la defensa nacional. Véase, por ejemplo, Departamento de Marina v. Egan, 484 US 518, 527 (1988). Con el fin de facilitar la supervisión adecuada del Congreso, el Poder Ejecutivo puede confiar la información clasificada a los comités apropiados del Congreso, como lo ha hecho en relación con las actividades de supervisión del Comité aquí. El Poder Ejecutivo lo hace en el supuesto de que el Comité protegerá responsablemente dicha información clasificada, de conformidad con las leyes de Estados Unidos.
El Comité ha determinado ahora que la publicación del Memorándum sería apropiada. El Poder Ejecutivo, a través de las istraciones de ambos partidos, ha trabajado para acomodar las solicitudes del Congreso de desclasificar materiales específicos de interés público. [1] Sin embargo, la divulgación pública de información clasificada por acción unilateral del Poder Legislativo es extremadamente rara y plantea considerables problemas de separación de poderes. En consecuencia, la solicitud del Comité de publicar el Memorándum se interpreta como una solicitud de desclasificación de conformidad con la autoridad del Presidente.
El Presidente entiende que la protección de nuestra seguridad nacional representa su mayor obligación. En consecuencia, ha ordenado a los abogados y al personal de seguridad nacional que evalúen la solicitud de desclasificación, de conformidad con las normas establecidas que rigen el manejo de información clasificada, incluyendo las contenidas en la Sección 3.1(d) de la Orden Ejecutiva 13526. Esos estándares permiten la desclasificación cuando el interés público en la divulgación supera la necesidad de proteger la información. El proceso de revisión de la Casa Blanca también incluyó aportes de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Justicia. De acuerdo con esta revisión y estas normas, el Presidente ha determinado que la desclasificación del Memorándum es apropiada.
Sobre la base de esta evaluación y a la luz del importante interés público en el memorándum, el Presidente autorizó la desclasificación del Memorándum. Para que quede claro, el Memorándum refleja los juicios de sus autores en el Congreso. El Presidente entiende que la supervisión en asuntos relacionados con el Memorándum puede continuar. Aunque las circunstancias que conducen a la desclasificación a través de este proceso son extraordinarias, el Poder Ejecutivo está listo para trabajar con el Congreso para acomodar las solicitudes de supervisión consistentes con los estándares y procesos aplicables, incluyendo la necesidad de proteger las fuentes y los métodos de inteligencia.
Sinceramente,
Donald F. McGahn II Consejero del Presidente
cc: Honorable Paul Ryan
Presidente de la Cámara de Representantes
Honorable Adam Schiff
Miembro de rango, Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes
18 de enero de 2018
2 de febrero de 2018
Para: de la mayoría HPSCI
De: Personal de la mayoría HPSCI
Asunto: Abusos de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera en el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones
Propósito
Este memorando les brinda a los una actualización sobre los hechos significativos relacionados con la investigación en curso del Comité en el Departamento de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el uso de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA) durante el ciclo de la elección presidencial de 2016. Nuestros hallazgos, que se detallan a continuación, 1) plantean inquietudes sobre la legitimidad y legalidad de ciertas interacciones entre el Departamento de Justicia y el FBI con el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISC), y 2) representan una preocupante desintegración de los procesos legales establecidos para proteger al pueblo estadounidense de abusos relacionados con el proceso de la FISA.
Actualización de la investigación
El 21 de octubre de 2016, el Departamento de Justicia y el FBI solicitaron y recibieron del FISC una orden de causa probable de FISA (no bajo el Título VII) que autorizaba la vigilancia electrónica de Carter Page. Page es ciudadano estadounidense y se desempeñó como asesor voluntario de la campaña presidencial de Trump. De acuerdo con los requisitos de la FISA, la solicitud tuvo que ser certificada en primer lugar por el Director o Subdirector del FBI. Luego requirió la aprobación del Fiscal General, el Fiscal General Adjunto (DAG) o el Secretario Adjunto de Justicia confirmado por el Senado para la División de Seguridad Nacional.
El FBI y el DOJ obtuvieron del FISC una orden de FISA inicial sobre Carter Page y tres renovaciones de FISA. Según lo exige la ley (50 U.S.C. §1805(d)(1)), el FISC debe renovar una orden FISA sobre un ciudadano estadounidense cada 90 días y cada renovación requiere un motivo independiente de causa probable. El entonces Director James Comey firmó tres solicitudes FISA en cuestión en nombre del FBI, y el Subdirector Andrew McCabe firmó una. La entonces DAG Sally Yates, el entonces DAG en funciones Dana Boente y el DAG Rod Rosenstein firmaron una o más solicitudes FISA en nombre del Departamento de Justicia.
Debido a la naturaleza sensible de la actividad de la inteligencia extranjera, se clasifican las comunicaciones de FISA (incluyendo las renovaciones) ante el FISC. Como tal, la confianza del público en la integridad del proceso FISA depende de la capacidad del tribunal para hacer que el gobierno se apegue a los más altos estándares— particularmente en lo que se refiere a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el rigor del FISC en la protección de los derechos de los estadounidenses, que se ve reforzado por las renovaciones cada 90 días de las órdenes de vigilancia, depende necesariamente de la entrega, por parte del gobierno, al tribunal de todos los hechos materiales y relevantes. Esto debería incluir información potencialmente favorable para el objetivo de la solicitud FISA que el gobierno conoce. En el caso de Carter Page, el gobierno tuvo al menos cuatro oportunidades independientes ante el FISC para proporcionar con precisión una relación de los hechos relevantes. Sin embargo, nuestros hallazgos indican que, como se describe a continuación, se omitió el material y la información relevante.
1) El "expediente" compilado por Christopher Steele (expediente Steele) en nombre del Comité Nacional Demócrata (DNC) y la campaña de Hillary Clinton formó una parte esencial de la solicitud de FISA sobre Carter Page. Steele era una fuente del FBI desde hacía mucho tiempo a quien el DNC y la campaña de Clinton pagaron más de 160,000 dólares, a través del bufete de abogados Perkins Coie y la firma de investigación Fusion GPS, para obtener información denigrante sobre los lazos de Donald Trump con Rusia.
a) Ni la solicitud inicial en octubre de 2016, ni ninguna de las renovaciones, divulgan ni hacen referencia al papel del DNC, la campaña de Clinton o ningún partido/campaña en la financiación de los esfuerzos de Steele, a pesar de que los orígenes políticos del expediente Steele eran conocidos por los altos funcionarios del DOJ y el FBI.
b) La solicitud inicial de FISA señala que Steele estaba trabajando para una persona estadounidense nombrada, pero no nombra a Fusion GPS y al director Glenn Simpson, a quien le pagó un bufete de abogados estadounidense (Perkins Coie) en representación del DNC (aunque el Departamento de Justicia en ese momento sabía que actores políticos estaban involucrados con el expediente Steele). La solicitud no menciona que Steele finalmente estaba en última instancia trabajando en nombre de—y pagado por—el DNC y la campaña de Clinton, o que el FBI había autorizado por separado el pago a Steele por la misma información.
2) La solicitud de FISA sobre Carter Page también citó ampliamente un artículo de Yahoo News del 23 de septiembre de 2016 de Michael Isikoff, que se enfoca en el viaje de Page a Moscú en julio de 2016. Este artículo no corrobora el expediente Steele porque se deriva de información filtrada por el propio Steele a Yahoo News. La solicitud de FISA sobre Page evalúa incorrectamente que Steele no proporcionó información directamente a Yahoo News. Steele ha itido en presentaciones ante los tribunales británicos que se reunió con Yahoo News—y varios otros medios de comunicación—en septiembre de 2016 a iniciativa de Fusión GPS. Perkins Coie estaba al tanto de los os iniciales de Steel con los medios de comunicación porque organizaron al menos una reunión en Washington, DC en 2016 con Steele y Fusion GPS donde se discutió este asunto.
a) Steele fue suspendido y luego despedido como fuente del FBI por lo que el FBI define como la violación más grave— la divulgación no autorizada a los medios de su relación con el FBI en un artículo escrito por David Com para Mother Jones el 30 de octubre de 2016. Steele debió haber sido despedido por sus os no revelados previos con Yahoo y otros medios en septiembre—antes de que la solicitud sobre Page se enviara al FISC en octubre—pero Steele ocultó y mintió indebidamente al FBI sobre esos os.
b) Los numerosos encuentros de Steele con los medios violaron la regla cardinal del manejo de las fuentes—mantener la confidencialidad—y demostraron que Steele se había convertido en una fuente menos confiable para el FBI.
3) Antes y después de que Steele fuera despedido como fuente, mantuvo o con el Departamento de Justicia a través del entonces Asistente Asociado del Fiscal General Bruce Ohr, un alto funcionario del DOJ que trabajó en estrecha colaboración con los Fiscales Generales Adjuntos Yates y más tarde Rosenstein. Poco después de las elecciones, el FBI comenzó a entrevistar a Ohr, documentando sus comunicaciones con Steele. Por ejemplo, en septiembre de 2016, Steele le itió a Ohr sus sentimientos contra el entonces candidato Trump cuando Steele dijo que "estaba desesperado porque Donald Trump no fuera elegido y tenía muchos deseos de que no llegara a ser presidente". Esta evidencia clara del sesgo de Steele fue registrada por Ohr en ese momento y posteriormente en archivos oficiales del FBI—pero no se reflejó en ninguna de las solicitudes de FISA sobre Page.
a) Durante este mismo período de tiempo, la esposa de Ohr fue empleada por Fusion GPS para ayudar en la mejora de la investigación de la oposición sobre Trump. Ohr luego le proporcionó al FBI toda la investigación de la oposición de su esposa, pagada por el DNC y la campaña de Clinton a través de Fusion GPS. La relación de los Ohr con Steele y Fusion GPS se le ocultó inexplicablemente al FISC.
4) Según el jefe de la división de contrainteligencia del FBI, el Subdirector Bill Priestap, la corroboración del expediente Steele se encontraba en su "infancia" en el momento de la solicitud inicial de FISA sobre Page. Después de que Steele fue despedido, un informe de validación de la fuente realizado por una unidad independiente dentro del FBI evaluó la información de Steele como apenas mínimamente corroborada. Sin embargo, a principios de enero de 2017, el Director Comey informó al presidente electo Trump sobre un resumen del expediente Steele, a pesar de que—según su testimonio de junio de 2017—era "lascivo y no verificado". Si bien la aplicación de FISA se basó en el historial previo de Steele de informes creíbles sobre otros asuntos no relacionados, ignoró u ocultó sus motivaciones financieras e ideológicas contra Trump. Además, el Subdirector McCabe testificó ante el Comité en diciembre de 2017 que no se habría solicitado una orden de vigilancia del FISC sin la información del expediente Steele.
SIN CLASIFICAR
5) La solicitud FISA sobre Page también menciona información sobre el asesor de campaña de Trump George Papadopoulos, pero no hay evidencia de ninguna cooperación o conspiración entre Page y Papadopoulos. La información de Papadopoulos desencadenó la apertura de una investigación de contrainteligencia del FBI a finales de julio de 2016 por parte del agente del FBI Pete Strzok. Strzok fue reasignado por la Oficina del Asesor Especial a Recursos Humanos del FBI por mensajes de texto impropios con su amante, la Fiscal del FBI Lisa Page (ninguna relación conocida con Carter Page), donde ambos demostraron un claro sesgo contra Trump y en favor de Clinton, a quien Strzok también había investigado. Los textos entre Strzok y Lisa Page también reflejan un amplio debate acerca de la investigación, la orquestación de filtraciones a los medios de comunicación, e incluyen una reunión con el Subdirector McCabe para discutir una póliza de "seguro" contra la elección del Presidente Trump.
SIN CLASIFICAR
PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS
[1] Ver, por ejemplo, S. Rept. 114-8 at 12 (istración de Barack Obama) ("El 3 de abril de 2014 ... el Comité acordó enviar los Resultados y Conclusiones revisados, y el Resumen Ejecutivo actualizado del Estudio del Comité, al Presidente para su desclasificación y divulgación pública"); H. Rept. 107-792 (istración de George W. Bush) (similar); EO 12812 (istración de George HW Bush) (tomando nota de la resolución del Senado solicitando que el presidente provea la desclasificación de cierta información mediante una orden ejecutiva).
